Un año que prometía ser clave en la lucha frente al cambio climático se transformó en pocas semanas en un tiempo convulso debido a la llegada de una pandemia que nos ha sumado en una crisis profunda. Y más allá de la inmensa tragedia que ha supuesto para las familias y de la gran incertidumbre en la que ha dejado a la sociedad, también ha sido un año de luces y sombras en materia medioambiental.

La transformación que experimentamos en nuestra forma de vivir como consecuencia de las medidas de confinamiento anunciadas en marzo y que siguen en cierta medida vigentes, supuso un enorme incremento en la incidencia del teletrabajo, pasando en España del 5% al 34% de la población trabajadora, según datos del INE. Este cambio en los hábitos tiene, por supuesto, numerosos aspectos positivos para el clima, debido a la reducción que supone en la utilización del coche privado y en los trayectos en cualquier modo de transporte entre nuestras casas y nuestros lugares de trabajo. Por otra parte, ha puesto con mayor intensidad el foco en las condiciones en las que muchos españoles vivimos en nuestras casas. Y los datos en este sentido son bastante desalentadores.

La gran mayoría de los españoles vivimos en edificios de segunda mano, con unas condiciones de aislamiento y de confort que dejan bastante que desear, teniendo en cuenta que el 90% del parque edificado en nuestro país fue construido antes del último código técnico de edificación y el 60% antes de que existiera cualquier normativa de eficiencia energética. Unas cifras aún más preocupantes cuando vemos el impacto de fenómenos como la tormenta Filomena y el consecuente incremento en el precio de la luz para unas familias que ya pagan unos precios un 50 % superiores de lo que sería el caso si contaran con un buen aislamiento térmico. Sin embargo, la calidad del aislamiento no sólo toca temas medioambientales, sino también influye en otros aspectos como el confort -la protección frente al ruido-, o el riesgo de incendio si los materiales de construcción no son los adecuados.

A pesar de ello, los esfuerzos e incentivos a la rehabilitación de los edificios, tanto residenciales como de trabajo o industriales, siguen siendo claramente deficientes. El parque de edificios es responsable de aproximadamente el 30 % del consumo de energía final, y de un tercio de las emisiones de CO2 del país. Sin embargo, ni siquiera la Administración, que debe ser un actor ejemplificante en esta materia, ha logrado rehabilitar el mínimo de 3% de sus edificios cada año, un objetivo que en realidad se debería incrementar.

Todo esto ahora puede cambiar, y en gran parte gracias al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que dentro del apartado que corresponde a la transición verde podrá asignar unos 6.330 millones de euros a la renovación en profundidad de los edificios de nuestro país. Se trata de una tarea de gran envergadura que, si se aborda bien, tendrá consecuencias en la economía y en la calidad de vida de los españoles. Pero que, si no se ejecuta con suficiente diligencia, será muy difícil de corregir. Y es por este motivo que en los contactos que estamos realizando estos días con diferentes actores de la Administración, queremos incidir en determinadas medidas concretas que ayudarían no sólo a alcanzar el objetivo de rehabilitar hasta 1,2 millones de viviendas en 2025, y 2,4 millones para 2030 sino de garantizar que se rehabilite mejor. Estas medidas deben incluir la introducción de un pasaporte energético, -un plan de acción para rehabilitar integralmente los edificios mediante fases definidas que pueden ejecutarse en un plazo de cuatro años-, medidas de incentivo fiscal similares al Ecobonus implantado en países como Italia o el fomento de la rehabilitación en el sector industrial.

Son objetivos realizables y que se pueden alcanzar si todas las Administraciones, tanto nacionales como autonómicas y locales reman en la misma dirección y si los diferentes actores del sector de la construcción sabemos articular nuestras reivindicaciones con una sola voz para que España en su conjunto dé un gran paso hacia adelante en lo relativo a la calidad y el confort de nuestro parque de viviendas.

Mónica Herranz, Secretaria General de la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes (AFELMA)